Planned Parenthood Federation of America y Planned Parenthood Action Fund publican revisión de historial Biden-Harris en cuanto a protección de libertad reproductiva en 2023

El informe describe las importantes medidas políticas adoptadas por la administración Biden-Harris en 2023 para abordar la actual crisis de acceso al aborto y otros temas más amplios relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y en todo el mundo

WASHINGTON D.C. — Planned Parenthood Federation of America (PPFA) y Planned Parenthood Action Fund publicaron su revisión de 2023 de la labor de la administración Biden-Harris para proteger y ampliar el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva. Mientras los políticos en contra del aborto en el Congreso y en todo el país seguían presionando para que se prohibiera el aborto y se impusieran otras restricciones, la administración Biden-Harris trabajó para proteger el acceso al aborto y hacer que la atención de la salud sexual y reproductiva fuera más accesible en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood Action Fund

“Desde el principio, la administración Biden-Harris se propuso proteger y ampliar el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva y se ha mantenido constante desde entonces. En medio del cambiante panorama del acceso al aborto desde la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe vs. Wade, la administración ha servido consistentemente como un respaldo muy necesario contra los peligrosos esfuerzos para evitar que las personas reciban la atención que necesitan. Planned Parenthood Action Fund agradece el liderazgo y la colaboración continuos de la administración Biden-Harris para reconstruir el derecho al aborto y reforzar el acceso a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva”.

Cuando los pacientes necesitaron acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, la administración Biden-Harris tomó medidas proactivas:

• La FDA suprimió permanentemente el requisito de dispensación en persona de la mifepristona para hacer posible un mayor acceso, sobre todo a través de la telesalud, y aprobó Opill, la primera píldora anticonceptiva de venta libre.
• La administración puso en marcha el programa White House Blueprint for Accessing the Maternal Health Crisis para reforzar el apoyo social y económico a las personas durante y después del embarazo.
• La Casa Blanca trabajó con la DEA para emitir reglas temporales que permitan que continúen las flexibilidades de prescripción de la era de la pandemia, lo cual es muy importante para los pacientes a quienes se les prescribe testosterona para la terapia hormonal de afirmación de géner, y para quienes someterse a una evaluación en persona podría no ser posible.
• El HHS reforzó el acceso a la cobertura de anticonceptivos sin gastos compartidos a través de los planes de seguro médico patrocinados por los empleadores y los planes de seguro médico para estudiantes universitarios, como exige la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).
• La administración propuso aumentos presupuestarios para el programa Título X, financiación para el tratamiento y pruebas de las ITS, para programas internacionales de planificación familiar, y disposiciones para poner fin a la Enmienda Hyde y cerrar la brecha de cobertura de Medicaid.

Mientras las cortes decidían casos que resultaban en la restricción del acceso a los servicios médicos, el presidente Biden:

• Nominó y trabajó con los líderes del Senado para confirmar un número récord de jueces altamente calificados quienes demuestran su compromiso con la protección del derecho inherente a la igualdad bajo la ley y el derecho de las personas de tomar sus decisiones más personales, incluyendo a dos juezas, Nicole Berner y Julie Rikelman, con gran experiencia en cuestiones de salud reproductiva.
• La administración defendió continuamente en las cortes el acceso al aborto con medicamentos, también conocido como mifepristona, así como el acceso de las personas a la atención de emergencia por embarazo en virtud de la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA, por sus siglas en inglés), y el derecho de las personas a viajar para acceder a la atención médica en un estado diferente.

Cuando el público necesitaba información sobre el estatus de la libertad reproductiva, la administración Biden-Harris utilizó su posición de autoridad para mantener el tema en primer plano:

• El presidente Biden destacó la importancia de proteger el acceso a la atención reproductiva en el discurso sobre el estado de la unión y la primera dama, Jill Biden, animó a los invitados que tuvieran historias personales contundentes a sentarse con ella durante el discurso.
• La vicepresidenta Harris se desplazó a siete universidades para participar en la gira Fight For Our Freedoms College Tour, pronunció cinco discursos de alto nivel sobre la salud reproductiva y aprovechó sus plataformas en las redes sociales para dar a conocer las historias de pacientes y proveedores.
• Representantes de la administración, entre ellos la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Harris y el secretario de salud Becerra, organizaron varias mesas redondas para escuchar directamente a líderes, proveedores y otros expertos en salud, justicia y derechos sexuales y reproductivos.

Cuando comunidades en diversas partes del mundo buscaron liderazgo en cuanto a libertad reproductiva en Estados Unidos, la administración Biden-Harris tomó medidas para proteger el acceso y brindar orientación:

• Representantes de la administración, entre ellos la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Harris y el secretario de salud Becerra, destacaron la salud sexual y reproductiva durante visitas internacionales.
• USAID actualizó la política de igualdad de género y empoderamiento de la mujer y creó la primera política de desarrollo inclusivo para las personas LGBTQI+ con el fin de destacar la importancia del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, y revertir las políticas dañinas aplicadas durante la administración anterior contra los derechos de las personas LGBTQI+ y contra los derechos sexuales y reproductivos.
• La administración publicó un recurso amplio para la comunidad mundial destinado a combatir la desinformación tras la sentencia del caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization.
• El Departamento de Estado siguió incluyendo informes sobre violaciones de los derechos reproductivos (que se excluyeron durante la administración anterior) en los informes por país de 2022 del Departamento de Estado sobre prácticas de derechos humanos (publicados en marzo de 2023).

El informe completo está disponible aquí.

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Planned Parenthood Action Fund es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro formada como brazo político de Planned Parenthood Federation of America. El Fondo de Acción (Action Fund en inglés) se dedica a la educación, abogacía y actividades electorales limitadas, incluyendo grupos de bases, defensa legislativa y educación de votantes.