La mitad de los Estados Unidos podría acabar como el país de orígen de mi familia, sin la protección federal de los derechos para acceder al aborto.

En este preciso momento, docenas de proyectos de ley que impiden el acceso al aborto se están abriendo paso a través de las legislaturas estatales, y la Corte Suprema de los EE. UU. está considerando un caso que podría dar la estocada final a los derechos de acceso al aborto en Estados Unidos. Estas son señales claras de que el Congreso debe actuar.

Durante 49 años, el fallo de la Corte Suprema sobre Roe vs. Wade protegió nuestro derecho constitucional al aborto en todo el país. Pero Roe corre el riesgo más grande de su historia: la Corte Suprema pronto fallará sobre Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, un caso sobre una ley de Mississippi que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de embarazo; y la Corte permitió que la prohibición inconstitucional del aborto en Texas a partir de la sexta semana permaneciera vigente.

Sé de primera mano que estas restricciones radicales pueden quitarle la libertad de tomar sus propias decisiones médicas a alguien como yo.

Me realicé un aborto en la séptima semana de embarazo. Así que también sé lo diferente que sería mi vida si no hubiese tenido acceso al aborto.

Pero esto va más allá de la voluntad personal, tiene que ver con nuestros derechos y libertades básicos. 

Mi familia viene de El Salvador, un país donde el aborto está completamente prohibido. Con la ayuda del personal del hospital, el gobierno incluso encarcela a las mujeres por abortos espontáneos y muertes fetales. Si esto suena alarmante o insólito es que no estás prestando atención. La anulación de Roe vs. Wade nos quitaría el derecho a controlar nuestro propio cuerpo, lo cual podría llevar a situaciones igualmente aterradoras.

Nunca dudé de que iba a realizarme un aborto.

A los 19 años sentía que no estaba nada preparada para la maternidad. Sabía que quería realizarme un aborto incluso antes de hablar con mi novio. Nos habíamos mudado desde California a Virginia y no estábamos en condiciones, económicamente hablando, de tener un hijo.

Fui a mi Planned Parenthood local, donde me realicé un aborto en la clínica. Tuve suerte de vivir en un estado donde pude acceder a la atención sin demasiados obstáculos. Me volví a mudar a California un año después y nunca más hablé o reconocí mi experiencia con el aborto; incluso llegué a mentir en los documentos médicos cuando me preguntaban sobre embarazos anteriores.

Sabía que había tomado la decisión correcta para mí, pero el estigma alrededor del aborto hizo que no hablara sobre eso, incluso con mi propia familia. Nadie debería tener que sentir ese tipo de vergüenza cuando solo está tratando de acceder a la atención de salud básica y tomar el control de su futuro. Ahora comprendo la importancia de que sigamos hablando sobre el aborto y centrando nuestras distintas experiencias cuando abogamos por la legislación que proteja nuestros derechos.

No hay excepciones a las estrictas leyes contra el aborto de El Salvador. ¿A Estados Unidos le depara el mismo destino?

Durante una visita a El Salvador, el país de origen de mi familia, vislumbré lo que la falta de acceso a la atención de salud reproductiva les hace a las familias. Tengo primos con hijos a los que no pueden mantener dado que nunca tuvieron acceso a la planificación familiar y a una adecuada educación sexual.

A una de mis primas la violaron cuando era muy joven y tuvo que tener el hijo porque el aborto está criminalizado en El Salvador, bajo cualquier circunstancia. En 1998, los cambios en el código penal de El Salvador prohibieron todo tipo de aborto. Y la enmienda constitucional de 1999 determinó que la vida comienza en el momento de la concepción. Anteriormente, la ley permitía abortos bajo algunas circunstancias y a las mujeres salvadoreñas no se las procesaba. 

En El Salvador, las perjudiciales políticas con respecto al aborto se volvieron cada vez más draconianas: luego de prohibir la mayoría de los abortos, se hizo más fácil criminalizar a las personas que los pedían y, finalmente, penalizar incluso a aquellas personas que sufren abortos espontáneos o muertes fetales. 

En los Estados Unidos es más importante que nunca prestar atención a este tipo de debilitamiento progresivo de los derechos constitucionales, a medida que nos preparamos para lo que podría ser el final de la protección ante la ley del aborto seguro y legal en toda la nación.

Desde el retroceso del acceso al aborto en los distintos estados hasta la remodelación de la justicia federal con jueces que tienen antecedentes de hostilidad en contra de los derechos reproductivos, estamos siendo testigos de un esfuerzo coordinado para quitarnos nuestro derecho al aborto.

El año pasado, estados en todo el país aprobaron la cifra récord de 108 leyes que prohíben el aborto y restringen el acceso al mismo, y este 2022 podría ser peor.

Aún más, la Corte Suprema dejó en claro que el derecho al aborto legal puede ser una cosa del pasado cuando accedió a escuchar el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization. En ese caso, el estado de Mississippi le pidió a la Corte Suprema que anule a Roe vs. Wade y mantenga la prohibición inconstitucional del aborto en el estado a partir de las 15 semanas de embarazo. El solo hecho de acceder a escuchar el caso fue una mala señal, y durante los alegatos orales de diciembre pareció posible que una mayoría de la Corte Suprema tal vez esté lista para anular Roe vs. Wade.

Los ataques a los derechos de acceso al aborto no disminuyen. El gobierno federal tiene que actuar ahora.