Como presidente, Trump ha hecho todo lo posible para anular el fallo Roe vs. Wade, el caso de la Corte Suprema que confirma el derecho constitucional de acceder a un aborto seguro y legal. Trump ha declarado que este caso se juzgó de manera incorrecta y ha llenado la Corte Suprema y los tribunales federales inferiores de magistrados y jueces de los cuales espera eliminen las protecciones constitucionales para el aborto.

Las implicancias para los derechos reproductivos son graves: Trump ha designado más de 200 nuevos jueces en tribunales federales de todo el país. Los antecedentes de los jueces designados, incluyendo a los jueces de la Corte Suprema Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh; quienes tienen un récord  de haberse opuesto a los derechos reproductivos y al aborto.

En uno de los primeros actos de su mandato, Trump también volvió a instaurar y fortalecer la ley de mordaza global o “global gag rule” que impide que las organizaciones extranjeras que dependen de la asistencia sanitaria global de los Estados Unidos brinden información, derivaciones o servicios para el aborto legal o que aboguen por el acceso a los servicios de aborto en su país; incluso si ellos mismos financiaran estos servicios.

Esta política pone en riesgo la salud y el bienestar de millones de personas de todo el mundo y afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas.

Senate Democrats just voted against legislation to prevent the killing of newborn infant children. The Democrat position on abortion is now so extreme that they don’t mind executing babies AFTER birth....This will be remembered as one of the most shocking votes in the history of Congress. If there is one thing we should all agree on, it’s protecting the lives of innocent babies.

@realDonaldTrump

Twitter, Feb 25, 2019

Los políticos estatales de todo el país se han negado a ampliar Medicaid en conformidad con la ley ACA, lo que deja a millones de personas sin cobertura en medio de una pandemia mortal además de  contribuir al cierre de hospitales que brindan servicios a comunidades rurales, de bajos ingresos.

En lugar de intentar brindar cobertura a más personas bajo el marco de Medicaid, Trump se ha esforzado por dificultar el acceso a este servicio. Su administración ha alentado a los estados a imponer requisitos laborales a las personas, con el efecto comprobado de provocar que decenas de miles pierdan su cobertura. Medicaid es la principal fuente de cobertura de salud reproductiva en el país. Después de siglos de racismo sistémico y de barreras para el acceso a la atención, las mujeres de color como las negras y latinas, se han visto desproporcionadamente perjudicadas por las reducciones en el acceso a Medicaid.

Desde los primeros momentos de su campaña presidencial hasta el día de hoy, Trump ha dejado en claro su animosidad respecto de los inmigrantes, especialmente aquellos provenientes de países habitados en mayor medida por personas de color. Ahora, respaldado por el poder que le otorga su investidura, su intolerancia hacia los inmigrantes ha provocado un nefasto costo sobre la salud y las vidas. Su infame política de separación familiar que ha sido cruel con los padres y sus niños que buscaban refugio en los Estados Unidos y que ha causado un daño duradero y previsible en los niños, en un esfuerzo malicioso por imponerle “consecuencias” a los padres.

Bajo la administración Trump, el gobierno federal ha desatendido su obligación de ocuparse de los inmigrantes indocumentados bajo su custodia. Múltiples detenidos, incluso niños pequeños, han muerto ante la falta de atención médica oportuna. Muchas personas en busca de asilo han sido retenidas en lugares atestados, sin sanidad, y en condiciones de frío y calor extremos. El Departamento de Seguridad Nacional se ha negado a vacunar contra la gripe a los detenidos y ha rechazado la oferta de médicos externos de vacunarlos sin costo. Incluso mientras la pandemia COVID-19 arremete contra el planeta, el gobierno de los Estados Unidos ha acelerado la transmisión del virus en América central al mantener el ritmo vertiginoso de las deportaciones.  

Para combatir la transmisión del virus que provoca el COVID-19 es necesario garantizar el acceso a la atención médica para cada persona de los Estados Unidos. La administración Trump, sin embargo, ha ido en el sentido contrario. A través de la cruel ley de carga pública, Trump ha intimidado a familias que no tienen ciudadanía para que renuncien a la atención médica a través de programas públicos como Medicaid ante el temor de comprometer la capacidad de sus familiares de convertirse en ciudadanos estadounidenses o en residentes permanentes del país. Las autoridades de salud pública consideran que la ley de Trump podría debilitar la respuesta de los Estados Unidos ante el COVID-19 al impedir que las familias de inmigrantes busquen atención médica. De hecho, en las comunidades de color que han sido muy golpeadas por la COVID-19, los informes indican que las personas vulnerables al virus son reacias a buscar tratamiento ya que temen que obtener atención médica podría comprometer su permanencia en los Estados Unidos.

La salud y la seguridad de aquellas personas que buscan atención en Planned Parenthood es una prioridad. Los perfiles raciales y el maltrato letal avalado por el estado hacia las personas negras por parte de la policía es una crisis de salud pública que ha arrebatado las vidas de George Floyd, Tamir Rice, Sandra Bland, Breonna Taylor, Philando Castile, Atatiana Jefferson, Freddie Gray, Eric Garner, Rayshard Brooks y muchos más. La inequidad y la vigilancia excesiva son la antítesis de los estándares de la visión de Planned Parenthood para nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Trump, quien apareció por primera vez en los titulares allá por la década del ‘70 por las acusaciones federales de haber discriminado a personas negras que buscaban vivienda, no ha hecho nada por abordar esta crisis de injusticia racial. Por el contrario, la ha empeorado. Jeff Sessions, su antiguo Fiscal General en repetidas oportunidades tomó medidas para terminar con la supervisión federal de los departamentos de policía locales bajo la excusa de que el escrutinio de las violaciones generalizadas de los derechos civiles “atenta contra el respeto de los oficiales de policía”. William Barr, el fiscal general actual, fue incluso más lejos al insinuar que las “comunidades que no brindan ese apoyo y respeto a la policía local podrían encontrarse sin... protección”. 

Trump ha ahondado esas heridas con sus insultos: denunciando demostraciones pacíficas contra la violencia policíaca, reiniciando el flujo de equipamiento militar para la policía local y alentando abiertamente la violencia gubernamental en contra de los manifestantes después de la muerte de George Floyd. Las palabras y las acciones de Trump dejan en claro que, mientras él siga siendo presidente, no habrá justicia para las violaciones de los derechos civiles de las personas negras ni paz por la violencia policiaca.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

@realDonaldTrump

Twitter, May 29, 2020

Desde que asumió la presidencia, Trump ha propuesto en repetidas oportunidades el recorte de cientos de miles de millones de dólares de los principales programas de atención médica federales como Medicaid; un recorte de tal magnitud que millones de personas en los Estados Unidos perderían su cobertura de salud. Incluso ahora, la administración Trump sigue presionando esta cruel agenda, su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021 busca recortar, en el curso de los próximos 10 años, $900 mil millones de Medicaid y cerca de $500 mil millones de Medicare. El mismo presupuesto también recortaría la financiación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en un 16%, incluso mientras la nación permanece agonizando frente a una pandemia mortal. 

Si no tienen acceso a la cobertura a través de programas públicos, muchas personas de bajos ingresos o que viven en áreas rurales no tendrían opciones para cubrir el costo de su atención médica, lo que podría causar demoras en la evaluación y el tratamiento de enfermedades tratables y curables.

Diane Foley, la funcionaria de la administración de Trump que supervisa los programas de control de la natalidad y de educación sexual se opone al aborto seguro y legal, y a la educación sexual basada en la evidencia. Foley anteriormente estaba a cargo de Life Network, un grupo de clínicas falsas para la salud de la mujer que también se conocen como “centros de crisis de embarazos”. Life Network ofrecía a las escuelas públicas de Colorado un plan de estudios basado únicamente en la abstinencia (que omitía la instrucción sobre protecciones obvias a la salud por ejemplo el uso de preservativos) debido a que Foley insistía que la demostración de cómo usar un preservativo podía considerarse acoso sexual.

Antes de trabajar para Trump, Foley promovió repetidamente información falsa sin ningún tipo de base científica, como la afirmación —que ya ha sido desmitificada— de que el “síndrome posterior al aborto” causa problemas de salud mental, además de dar declaraciones falsas (que pueden rebatirse fácilmente) sobre la tasa de complicación en los abortos, pese al hecho de que el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros en el país. 

Como advirtió la senadora Patty Murray (D-Wash.) cuando la administración Trump puso el programa TPPP bajo el control de Foley: “Cuesta entender como esta reorganización sirve para algo más que priorizar la ideología sobre las necesidades de mujeres, adolescentes y niños afectados, quienes son los destinatarios del programa”.

En 2019, Trump promulgó la poco ética “ley de mordaza” respecto de Título X, el programa federal bipartidario que ofrece control de la natalidad y atención de la salud sexual y reproductiva a personas de bajos ingresos, incluidos aquellas que de otra manera no hubieran podido costear los servicios de salud. La norma les prohibió a los proveedores de atención médica informar a las pacientes las maneras en que podían acceder de manera segura y legal al aborto, lo que expulsó a los centros de salud de Planned Parenthood y a muchos otros fuera del programa, y lo que dejó en claro que la administración está más interesada en impulsar la ideología de Trump sobre el pueblo de Estados Unidos que en proteger su salud, su sustento y sus libertades.

Antes de que se vieran forzados a salir del programa, los centros de salud de Planned Parenthood atendían a más del 40% de los 4 millones de pacientes que reciben atención de salud productiva y preventiva a través del programa Título X. Ahora, 1.5 millones de personas que usaban el programa Título X a través de Planned Parenthood no pueden asistir a Planned Parenthood para recibir atención preventiva gratuita o a costo reducido, lo que podría hacer que demoren u omitan su atención totalmente. En algunas comunidades, Planned Parenthood es el único proveedor de atención de salud reproductiva asequible, lo que significa que la ley mordaza podría dejar a muchos pacientes sin acceso a métodos anticonceptivos gratuitos o a bajo costo, pruebas de detección y tratamiento para ITS y otra atención básica. 

Al debilitar el programa Título X, millones de personas han tenido más dificultades para obtener la atención que necesitan. Para citar solo un ejemplo, el 40% de las mujeres negras de entre 18 y 44 años dicen que solo pueden pagar hasta $10 por mes de su bolsillo para métodos anticonceptivos. Las investigaciones demuestran que cuando las personas tienen acceso a métodos anticonceptivos pueden ocuparse mejor de sí mismas y de sus familias, sostenerse financieramente, completar su educación y progresar en sus carreras profesionales.

Siguiendo las instrucciones de Trump, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) rescindieron las normas de la era de Obama que dejaban en claro que las personas tienen el derecho de usar su cobertura de Medicaid para acceder a la atención preventiva en el proveedor de su elección, incluidos los centros de salud de Planned Parenthood.

La movida amenaza con incentivar a las autoridades estatales para que intenten excluir a Planned Parenthood del reembolso de Medicaid de los servicios de atención preventiva.

Después de la movida para incentivar a los estados a “desfinanciar” a Planned Parenthood, la administración de Trump le permitió a Texas obtener millones de dólares en financiación federal para Medicaid aunque el estado impide que los pacientes que usan Medicaid obtengan atención preventiva en centros de salud Planned Parenthood. Otros estados podrían seguir este ejemplo.

Durante su primer año de mandato, Trump fue el primer presidente de los Estados Unidos en proponer un presupuesto federal que buscaba desfinanciar específicamente a Planned Parenthood al quitarle todos los flujos de financiación federales, y ha seguido haciendo esto en todos sus presupuestos presidenciales.

En sus múltiples intentos de rechazar la ley ACA, la administración respaldó medidas para bloquear el acceso de los pacientes a la atención en centros de salud de Planned Parenthood.

Los esfuerzos de Trump no han logrado cerrar los centros de salud de Planned Parenthood y sus puertas siguen abiertas. Planned Parenthood sigue siendo el mayor proveedor en el país de educación sexual y un líder en la prestación de atención médica de alta calidad y asequible. Pero Trump sigue determinado a terminar con esto.