Decisión de Corte Suprema de Texas desestima impugnación a S.B. 8

El aborto se le ha negado a un sinnúmero de personas desde que la ley entró en vigor el 1 de septiembre del año pasado

AUSTIN, TX – Hoy, la Corte Suprema de Texas decidió que el caso Whole Woman’s Health vs. Jackson, la impugnación a la ley S.B. 8 de Texas, no podría proceder contra la Junta Médica de Texas (Texas Medical Board) y otras autoridades que otorgan licencias, los únicos demandados que quedaban del litigio inicial. 

Esta decisión llega después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimara la mayoría del caso en diciembre de 2021, permitiendo que solo una fracción de la impugnación procediese en una corte inferior. La decisión de hoy resultará en la desestimación de esta fracción y en que la S.B. 8 siga en vigor en el futuro inmediato. 

Esta impugnación fue presentada en julio de 2021 por proveedores de abortos, fondos de financiamiento y otros defensores del aborto en Texas que buscaban bloquear la entrada en vigor de S.B. 8. Desde entonces, la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha rehusado a bloquear la prohibición al aborto de la ley S.B. 8 en varias ocasiones, finalmente desestimando la mayor parte del caso hace ya tres meses, decidiendo que las cortes federales no tienen el poder para bloquear este tipo de leyes cuya aplicación recae en el ciudadano común. 

La única parte de la impugnación que la Corte Suprema permitió proceder fue contra la Junta Médica de Texas (Texas Medical Board) y otras autoridades que otorgan licencias, para evitar que tomasen acciones disciplinarias contra médicos y otros proveedores de cuidados de salud que hicieronn abortos en violación a la ley S.B. 8. Hoy, la Corte Suprema de Texas decidió que estos entes no tienen la autoridad para revocar licencias por violaciones de la prohibición al aborto después de las seis semanas, dejando el caso sin demandados. 

La prohibición al aborto después de las seis semanas sigue en vigor, incluyendo el sistema de cazarrecompensas que alienta y recompenza con al menos $10,000 a cualquier persona que demande a otra que provea un aborto o que ayude a otra a abortar pasado este tiempo.

Centros de salud en estados vecinos han reportado alzas considerables de pacientes provenientes de Texas desde que la ley S.B. 8 entró en vigor, resultando en tiempos de espera prolongados. El Hope Medical Group, un centro de salud que ofrece abortos en Louisiana, señaló que 64% de sus pacientes en este momento son personas que viven en Texas. Planned Parenthood publicó información en febrero que mostraba que, durante los primeros cuatro meses desde la entrada en vigor de la S.B. 8, más de la mitad de los pacientes en los centros de salud de Oklahoma venían de Texas, en comparación con el 10% un año antes. Muchas otras personas de Texas no han podido salir del estado para recibir atención y han tenido que continuar con embarazos en contra de su voluntad o tratar de abortar por su cuenta, sin apoyo de profesionales de salud. El impacto afecta de manera desproporcionada a las personas negras, latinas, indígenas, a quienes perciben bajos ingresos, viven en áreas rurales, inmigrantes, entre otros.  

Ya este año, diez estados han presentado proyectos de ley que copian a la ley S.B. 8. En Oklahoma, se espera que la legislatura estatal apruebe una ley imitadora a finales de mes, que entrará  en vigor inmediatamente. Esto significa que para finales de marzo, el aborto después de las seis semanas podría estar prohibido en Oklahoma, un estado que atiende pacientes que salen de Texas buscando abortar. Entre los  estados que han presentado leyes de imitación están Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Maryland, Minnesota, Missouri, Ohio, y Wisconsin.

Los demandantes de Whole Woman’s Health vs. Jackson incluyen a: Whole Woman’s Health; Whole Woman’s Health Alliance; once centros de salud de Planned Parenthood a lo largo de Texas; Southwestern Women’s Surgical Center; Austin Women’s Health Center; Alamo Women’s Reproductive Services; Houston Women’s Reproductive Services; Dr. Allison Gilbert y Dr. Bhavik Kumar, proveedores de abortos; la reverenda Erika Forbes y el reverendo Daniel Kanter, proveedores de acompañamiento espiritual y emocional a pacientes que consideran abortar; the Afiya Center; Frontera Fund; Fund Texas Choice (FTC); Jane’s Due Process; Lilith Fund; the TEA Fund; y Marva Sadler, directora de servicios clínicos de Whole Woman’s Health. 

Los demandantes están representados por el Center for Reproductive Rights, Planned Parenthood Federation of America, Lawyering Project, American Civil Liberties Union, ACLU of Texas y Morrison & Foerster LLP. 

La línea temporal del caso está disponible aquí. 

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America: 

“Hoy es un día devastador para las personas en Texas y para cualquiera que crea en el derecho de controlar nuestros propios cuerpos, vidas y futuros. Una y otra vez las cortes le han fallado a las personas en Texas, quienes han sido privadas de su derecho fundamental al aborto por ya más de seis meses. Como consecuencia de que la Corte Suprema se rehusó repetidamente a intervenir durante medio año, las personas en Texas ahora viven en un estado continuo de caos, crisis y confusión, y sin una solución en miras. Trágicamente, este ataque a nuestra libertad reproductiva continúa sin interrupciones en Texas y a lo largo del país. Los políticos han recibido luz verde para sacar adelante sus propias prohibiciones inconstitucionales al aborto, diezmando el acceso al aborto estado por estado, región por región. Ya hemos visto este tipo de ataques en Florida, Arizona, Kentucky, Missouri, Oklahoma, West Virginia y más estados. Nuestros pacientes y proveedores se merecen algo mejor. Todas las personas, no importa dónde vivan o cuáles sean sus ingresos, merecen tener acceso a cuidados de salud esenciales, libres de barreras y de interferencias políticas”. 

Declaración de Amy Hagstrom Miller, presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health y Whole Woman’s Health Alliance:

“Hemos peleado contra esta prohibición por seis largos meses, pero las cortes nos han fallado.Todo este tiempo, nuestras clínicas en Texas han permanecido abiertas, un testamento al compromiso y la resiliencia de nuestro personal y nuestros médicos. Esta prohibición no elimina la necesidad de abortos en Texas, solo bloquea a quienes lo necesitan de accederlos. La situación es cada vez más grave, y ahora los estados vecinos, a los que hemos referido pacientes, están por aprobar prohibiciones similares. ¿A dónde irán las personas de Texas, entonces? Mientras más estados aprueben estas prohibiciones, más difícil le será a las personas de la región abortar".

Declaración de Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights:

“Estamos en un momento de crisis no solo por los derechos reproductivos, también por nuestro sistema judicial y el estado de derecho. Con esta decisión, lo que quedaba de este caso ya está ido. Una prohibición inconstitucional al aborto sigue sin ser revisada en Texas. La Corte Suprema esencialmente ha anulado un derecho constitucional. Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestro poder para corregir esta situación”. 

Declaración de Julia Kaye, abogada de ACLU Reproductive Freedom Project:

“Las cortes le han fallado una vez más a los tejanos. Esta es otra injusticia devastadora, y a las personas se les seguirá negando la dignidad humana básica de poder controlar sus propios cuerpos. Algunos han podido sobrepasar esta ley devastadora para acceder al aborto antes de las seis semanas en Texas o viajando fuera del estado gracias al apoyo extraordinario de los fondos de abortos y el movimiento de justicia y derechos reproductivos. Pero a muchas otras personas se les ha negado abortar, y el impacto de esta ley horrible ha caido sobre las personas más marginalizadas, incluyendo las personas de color y a quienes cuentan con menos recursos. El público no puede quedarse de brazos cruzados mientras políticos extremistas y cortes cobardes nos quitan nuestros derechos civiles. No dejaremos de luchar y haremos todo lo que podamos para frenar el sufrimiento que ha generado esta crisis sin precedentes".

Declaración de Blair Wallace, estratega de políticas y de abogacía de ACLU of Texas: 

“Al desestimar nuestro caso y permitir que políticos insistentes desvíen la Constitución, la Corte Suprema de Texas ignoró lo que está pasando en su propio terreno. Todos los días, las personas en Texas, especialmente las personas negras y latinas, se enfrentan al riesgo físico y mental de verse forzadas a continuar con embarazos en contra de su voluntad. Y todos los días en Texas, la promesa de la Constitución de protegernos de estos daños pierde significado. Pero no dejaremos de luchar en las calles y en la legislatura por la justicia y la compasión de la que carece la S.B. 8, ni tampoco contra las decisiones vergonzosas que la mantienen en vigor”. 

Declaración de  Rupali Sharma, abogada y directora de proyectos de the Lawyering Project: 

“En medio de una pandemia y durante los últimos seis meses, la ley S.B. 8 ha obligado a que las personas en Texas que necesiten un aborto tengan que  alterar sus vidas y viajar fuera del estado para acceder a cuidados de salud, con lo cual sus abortos se han retrasado significativamente. Y eso en el mejor de los escenarios. A pesar de los esfuerzos extraordinarios de los fondos de abortos y de las organizaciones de apoyo, muchas personas en Texas ultimadamente no cuentan con los recursos o la movilidad para abortar lejos de sus hogares, y enfrentan entonces las consecuencias devastadoras de un embarazo no planificado. La decisión de hoy significa que esta crueldad continuará, con un costo enorme para las personas de Texas y sus familias”.

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