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La administración de Trump defiende regla que permitirá que empleadores y universidades nieguen cobertura de anticonceptivos por creencias personales 

El caso pone en riesgo la cobertura de más de 62 millones de personas

WASHINGTON — Hoy, a pocos días del 60 aniversario de la píldora anticonceptiva, la Corte Suprema está escuchando argumento orales de Trump v. Pennsylvania y tomando en consideración dos leyes peligrosas de la administración Trump que permitirían a un empleador o universidad negar cobertura de anticonceptivos por creencias personales. Este caso puede afectar el futuro del beneficio para anticonceptivos que brinda la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), que expandió la cobertura sin costo de bolsillo para más de 62 millones de mujeres, incluyendo 17 millones de latinas y 15 millones de la raza negra.

Declaraciones de Alexis McGill Johnson, presidenta, Planned Parenthood Action Fund: 

“Es muy preocupante, que en medio de una crisis de salud pública, la administración Trump continúa defendiendo una norma que amenaza el acceso a métodos anticonceptivos de millones de mujeres. Esto no debía estar en debate. Estamos a días del 60 aniversario de la aprobación por parte de la FDA de la píldora anticonceptiva, medicamento que casi nueve de 10 mujeres utilizarán en algún momento de sus vidas. Este caso nos muestra el extremo al que iría la administración para atacar el derecho fundamental de controlar nuestros propios cuerpos, en un momento en que debemos estar unidos y apoyarnos unos a los otros. Planned Parenthood Action Fund no permitirá que esta administración ponga el acceso a la salud reproductiva en este país en riesgo”

Permitir que los empleadores y universidades quiten la cobertura de medicina esencial y urgente como los anticonceptivos complicará las necesidades médicas, mientras las personas ya enfrentan una crisis de salud pública por la pandemia global. También se sumará a las dificultades económicas que muchas enfrentan en estos tiempos inciertos: el acceso a métodos anticonceptivos es responsable de un tercio de las ganancias salariales de las mujeres en relación con los hombres desde la década de 1960. Esto es especialmente cierto para mujeres latinas que siempre han visto disparidades económicas y, por lo tanto, acceso limitado a la atención médica. Las personas de color constituyen la mayoría de los trabajadores de bajos salarios afectados económicamente por la pandemia de COVID-19, y las mujeres de color tienen más probabilidades de tener trabajos considerados "esenciales" que cualquier otro grupo demográfico.

Los datos muestran que una gran mayoría de los estadounidenses cree que las mujeres deberían tener cobertura de anticonceptivos, independientemente de las objeciones personales de su empleador. Esto pone a la administración en oposición directa con el público.

Estas reglas sobre anticonceptivos son solo otro intento más de la administración de impulsar políticas que atacan el acceso a la salud reproductiva, incluidos los programas de abstinencia hasta el matrimonio, amordazar a los proveedores de salud del Título X y forzar a Planned Parenthood a salirse del programa y el continuo apoyo a demandas legales que atacan el ACA, incluso durante una crisis de salud pública. Otra regulación de esta administración alentaría a trabajadores de salud a negar servicios de salud que personalmente consideren objetables, como la atención a personas transgénero, el aborto, la esterilización y el tratamiento del SIDA. Esa regla también está actualmente bloqueada por la corte.

Si bien este caso se trata del beneficio de métodos anticonceptivos bajo el ACA específicamente, si la administración logra implementar su agenda más amplia de permitir que varias organizaciones nieguen la cobertura, tendrá implicaciones de gran alcance que afectarán a las mujeres, las familias, las personas LGBT y más. La administración también está promoviendo políticas que permitirían que organizaciones e individuos discriminen y nieguen cobertura por creencias personales en muchas otras situaciones. Colegios y empleadores podrán argumentar que pueden negar cobertura por otras cosas que consideran objetables, tal vez incluyendo cosas como la terapia hormonal para personas transgénero, transfusiones de sangre o vacunas críticas, incluso pueden argumentar que no deberían tener que proporcionar cobertura de salud en absoluto.

La Corte Suprema hace poco también examinó argumentos en June Medical Services v. Russo, un caso que puede tener graves consecuencias para el acceso al aborto en los Estados Unidos. En 2020, el acceso a toda la atención de salud sexual y reproductiva está en riesgo.

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Planned Parenthood Action Fund es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro formada como brazo político de Planned Parenthood Federation of America. El Fondo de Acción (Action Fund en inglés) se dedica a la educación, abogacía y actividades electorales, incluyendo grupos de bases, defensa legislativa y educación de votantes.

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