Líderes estatales toman medidas audaces para proteger el acceso al aborto tras la anulación de Roe

En las cuatro semanas transcurridas desde que la Corte Suprema anuló el precedente de Roe vs. Wade y eliminó el derecho constitucional federal al aborto, los legisladores estatales en todo el país que apoyan el derecho al aborto han dado un paso hacia adelante al tomar medidas audaces para proteger la salud y los derechos de sus constituyentes. Desde promover medidas que refuerzan el que los pacientes puedan acceder a la atención de salud y la capacidad de los proveedores de brindarla, hasta aumentar los fondos para el acceso al aborto; ellos continúan demostrando el papel fundamental que tienen los gobiernos estatales en cuanto al apoyo del acceso al aborto.

• California: Antes del fallo de la Corte Suprema, los legisladores de California anunciaron un paquete de salud reproductiva de $125 millones destinado a reforzar la infraestructura sanitaria del estado, ampliar el acceso para los pacientes y aumentar la seguridad en los centros de salud. Tras el fallo, el gobernador Gavin Newsom firmó un decreto ejecutivo que establece que California no compartirá información, incluidos historiales clínicos, ni gastará recursos estatales para colaborar con estados que sean hostiles al aborto. Asimismo, asegura que el gobernador rechazará los pedidos de extradición que impliquen servicios de atención de salud reproductiva que sean legales en California. Newsom también firmó un proyecto de ley cuyo fin es el de proteger a las personas que abortan y a los profesionales médicos que brindan dichos servicios en California, de las demandas presentadas por los estados donde se prohíbe el aborto. Otros proyectos de ley para ampliar el acceso al aborto, incluida la Enmienda Constitucional 10 del Senado —que codificaría en forma de ley el derecho al aborto en caso de ser aprobada por los votantes— también han pasado por sus comités respectivos y continuarán abriéndose camino a través del proceso legislativo del estado.
• Colorado: El gobernador Jared Polis firmó una orden ejecutiva que protege a los proveedores de servicios de aborto y a los pacientes que van a Colorado para recibir atención y provienen de estados donde se prohíbe el aborto. La medida prohíbe que las agencias estatales compartan información, incluidos historiales clínicos, o usen recursos estatales para colaborar en las investigaciones relacionadas con la atención de salud reproductiva que es legal en Colorado. Establece que el gobernador actuará según su criterio para rechazar la extradición de personas que pueden enfrentar cargos en otros estados por realizarse un aborto en Colorado. El decreto también protege a los proveedores de las sanciones o inhabilitaciones en Colorado por brindar atención de salud reproductiva que es legal en el estado.
• Illinois: El gobernador J. B. Pritzker, el portavoz de la Cámara de Representantes Emanuel “Chris” Welch y el presidente del Senado Don Harmon anunciaron que se convocará una sesión especial a finales de este año que se centrará en el aborto. En primer lugar, llevarán a cabo una evaluación exhaustiva para determinar la manera en que Illinois puede abordar la crisis del acceso al aborto y proteger aún más a las libertades reproductivas. Antes del fallo, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, también anunció el Compromiso de Justicia para Todos (Justice For All Pledge en inglés), que incluyó $500,000 para aumentar el acceso a los servicios de atención de salud, incluido el aborto.
• Maine: La gobernadora Janet Mills firmó una orden ejecutiva por la cual las agencias estatales deben revisar las leyes y los estatutos existentes en materia de atención de salud reproductiva a fin de garantizar que se reduzcan los obstáculos para acceder a cuidados de salud en la mayor medida posible. El decreto también prohíbe que las agencias estatales colaboren con investigadores de otros estados que buscan enjuiciar a los pacientes por obtener atención de salud y a los profesionales médicos por brindarla en Maine. Asimismo, la gobernadora se compromete a rechazar los pedidos de extradición que impliquen servicios de atención de salud reproductiva que son legales en Maine.
• Massachusetts: Los legisladores promueven una propuesta para asignar $15 millones a la atención de salud reproductiva y un proyecto de ley que confirmaría las protecciones constitucionales del aborto, ofrecería cobertura del aborto sin reparto de costos, protegería aún más a los proveedores de servicios de aborto y evitaría que los organismos de seguridad pública participen en investigaciones que tengan por objeto la atención de salud protegida legalmente. El gobernador Charlie Baker también emitió una orden ejecutiva para proteger a los proveedores de Massachusetts de la amenaza de perder sus licencias u otras medidas disciplinarias debido a demandas de estados que criminalizan la prestación de servicios de aborto. También impide que el estado colabore en investigaciones relacionadas con los servicios de aborto y ordena al gobernador a rechazar los pedidos de extradición relacionados con servicios de atención de salud reproductiva que son legales en Massachusetts.
• Michigan: La gobernadora Gretchen Whitmer continúa luchando para proteger el acceso al aborto exigiendo nuevamente a la Corte Suprema del estado que tome medidas respecto a su demanda en contra de la prohibición criminal del aborto que es anterior a Roe y tiene 90 años de antigüedad. Esa ley pudo haber entrado en vigor cuando se anuló Roe de no haber sido por una medida cautelar dictada por un tribunal administrativo, en el caso presentado por Planned Parenthood de Michigan que impugna la ley. Los electores de Michigan también podrán votar por el derecho al aborto este otoño en la primera enmienda constitucional sometida a votación de iniciativa ciudadana para consagrar el acceso al aborto en una constitución estatal. Hace pocas semanas, la coalición detrás de la iniciativa presentó más de 750,000 firmas de votantes estatales registrados al secretario de estado de Michigan, superando claramente las 425,059 firmas válidas que son necesarias para cumplir con los requisitos para llevar a cabo esta votación en las elecciones del 8 de noviembre. Asimismo, la gobernadora Whitmer firmó una orden ejecutiva en la que rechaza extraditar a los proveedores de servicios de aborto por violación de las leyes de otros estados o a los pacientes que van a Michigan para acceder al aborto.
• Minnesota: El gobernador Tim Walz firmó una orden ejecutiva con el fin de proteger a las personas que buscan o brindan servicios de aborto en Minnesota de las demandas en estados donde se criminaliza al aborto. El gobernador también rechazará pedidos de estados hostiles de extraditar personas que acceden al aborto en Minnesota. Además, un juez de Minnesota recientemente derogó por considerarlas inconstitucionales un aluvión de restricciones estatales médicamente innecesarias. Entre las leyes que se anularon estaban el requisito de notificación a ambos padres de menores que busquen abortar, la criminalización de los proveedores que se considere que actuaron en contra de las leyes, un período de espera de 24 horas, así como restricciones para proveedores y hospitales.
• Nevada: El gobernador Steve Sisolak firmó una orden ejecutiva para proteger a pacientes y proveedores que impide a empleados y departamentos estatales brindar información y recursos a los estados que buscan enjuiciar a las personas que abortan. Además, se comprometió a rechazar los pedidos de extradición relacionados con servicios de atención de salud reproductiva que son legales en Nevada, y aseguró que los proveedores de servicios de aborto no pueden ser sancionados ni inhabilitados por brindar dichos servicios según lo establecido por las leyes de otros estados.
• Carolina del Norte: El gobernador Roy Cooper firmó una orden ejecutiva con la que prohíbe a las agencias estatales bajo su control que colaboren en los intentos de los estados hostiles de enjuiciar a los pacientes que viajan a Carolina del Norte para abortar. También protege a los pacientes ante extradiciones a otros estados por buscar servicios de aborto en Carolina del Norte.
• Nueva Jersey: Los legisladores promueven una propuesta de financiamiento de $20 millones para crear un nuevo fondo de Acceso a la Salud Reproductiva. El gobernador Phil Murphy también promulgó legislación para proteger a los proveedores y a los pacientes de las demandas en otros estados por proveer o realizarse abortos en Nueva Jersey, y para prohibir la extradición de las personas que van a Nueva Jersey para acceder al aborto. 
• Nuevo México: La gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó una orden ejecutiva por la cual prohíbe a las agencias estatales que cooperen con las investigaciones que hagan estados hostiles, y se compromete a rechazar los pedidos de extradición relacionados con la atención de salud reproductiva. El decreto también asegura que no se sancione ni se inhabilite a los proveedores por brindar servicios de aborto que son legales en Nuevo México, pero que podrían estar prohibidos en otros estados.
• Nueva York: La Asamblea del Estado de Nueva York aprobó la Enmienda de la Igualdad a principios de este mes. Esta legislación histórica amplía las clases protegidas por la enmienda de igualdad de derechos en la Constitución de Nueva York para incluir a varias clases de identidades nuevas, entre ellas: origen étnico, nacionalidad, edad, discapacidad y sexo. El sexo incluye orientación sexual, identidad de género, expresión de género, embarazo, resultados de embarazos, atención de salud reproductiva y autonomía. La enmienda tiene como fin garantizar el derecho constitucional a la atención de salud reproductiva y proteger derechos como el matrimonio igualitario para cualquier persona en el estado de Nueva York. Ahora debe pasar por una segunda sesión legislativa antes de someterse a votación en 2024. Además, la gobernadora Kathy Hochul anunció que se han destinado $10 millones del Fondo de Apoyo a los Proveedores de Aborto (Abortion Provider Supporter Fund en inglés) a más de 60 centros de salud. La fiscal general Letitia James creó un equipo de trabajo voluntario para la atención de salud reproductiva, que reúne a bufetes de abogados privados con el fin de ofrecer asesoramiento legal sobre el aborto a las personas que viven en el estado y a quienes busquen atención en Nueva York.
• Oregon: Antes del fallo de la Corte Suprema, los legisladores de Oregon promulgaron un proyecto de ley para destinar $15 millones a la creación de un Fondo de Igualdad Reproductiva. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, también se sumó a los gobernadores de California y Washington para emitir un compromiso de varios estados destinado a reafirmar y defender el acceso a la atención de la salud reproductiva.
• Rhode Island: El gobernador Dan McKee firmó una orden ejecutiva que protege el acceso al aborto al garantizar que los proveedores de atención de salud no perderán sus licencias ni enfrentarán medidas disciplinarias por cargos presentados por otros estados. También protege a los pacientes que buscan abortar en Rhode Island de la responsabilidad legal en los estados donde se criminaliza al aborto.
• Washington: El gobernador Jay Inslee anunció fondos de $1 millón para los proveedores de atención de salud reproductiva que esperan un incremento de pacientes de otros estados, y una orden de que el estado no cooperará en investigaciones de los estados hostiles al acceso al aborto. El ejecutivo del Condado de King, Down Constantine, también anunció que se destinarán $500,000 de los fondos de emergencia a la salud pública debido al incremento de pacientes que se espera que viajen a su condado para acceder al aborto.
• Wisconsin: El gobernador Tony Evers y el procurador general Josh Kaul presentaron una demanda que objeta la prohibición criminal del aborto de Wisconsin del año 1849. La demanda argumenta que la ley arcaica, que ha sido inaplicable desde 1973 después de Roe vs. Wade, debe seguir siendo inaplicable ya que es contraria a las leyes de aborto que los legisladores del estado han promulgado desde ese entonces. El gobernador también ha anunciado que indultaría a quienes sean enjuiciados de acuerdo con la prohibición.

En el extremo opuesto, los estados con legisladores hostiles al derecho al aborto también continúan redoblando esfuerzos para restringir aún más o prohibir por completo el aborto. Hasta ahora, Indiana y West Virginia iniciaron sesiones legislativas especiales para posiblemente intentar avanzar prohibiciones al aborto. En Carolina del Sur un comité ad hoc introdujo una prohibición que será considerada también en una sesión legislativa especial el próximo 15 de agosto, y Arkansas anunció también que iniciará una sesión especial. Los legisladores de los estados de Missouri y Nebraska también han expresado su apoyo a celebrar sesiones especiales. Adicionalmente, los legisladores de Pennsylvania promovieron una peligrosa enmienda constitucional que busca eliminar el derecho constitucional al aborto de los habitantes de ese estado. En Pennsylvania, una enmienda constitucional debe ser aprobada por ambas cámaras del congreso estatal en dos sesiones legislativas consecutivas antes de ser sometida al voto popular. Este voto fue el primero, y se espera que se someta nuevamente a votación en la sesión legislativa del 2023.