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WASHINGTON D.C. — Ayer, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos emitió una sentencia en el caso Ohio vs. Becerra, bajo el cual el estado de Ohio y otros diez cuestionan las reglas del programa Título X del gobierno Biden. La decisión del tribunal ratifica el requisito de que los proveedores ofrezcan una referencia médica para abortar a pacientes que la soliciten. Sin embargo, la corte determinó que las normas actuales no incluyen una separación adecuada entre cuidados de aborto y los servicios que se proveen dentro del Título X, como los métodos anticonceptivos y las pruebas y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), lo que crea confusión sobre el futuro de los servicios de planificación familiar. El tribunal falló a favor de Ohio en cuanto a su petición de una orden judicial preliminar, lo que significa que la sentencia afecta solamente al estado de Ohio.

El caso fue presentado por grupos que se oponen a los derechos reproductivos y representa un ataque más a la libertad reproductiva tras la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia de Roe vs. Wade, que ha restringido de manera significativa el acceso a servicios esenciales de salud para las personas en todo el país. La restricción del acceso al cuidado de la salud sexual y reproductiva perjudica de manera desproporcionada a las comunidades negras, latinas e indígenas, que ya enfrentan obstáculos para acceder a servicios de cuidado de la salud debido al racismo y la discriminación sistémicos. 
 

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund: 

“Nuestro derecho a controlar nuestros cuerpos, vidas y futuros está bajo ataque. Los políticos en contra del derecho al aborto siguen dejando claro que no cesarán en su intento de prohibir el aborto en su totalidad. Quieren despojarnos de los métodos anticonceptivos, de las pruebas de ITS y de mucho más. Las organizaciones de Planned Parenthood continuarán luchando contra estos ataques a nuestros derechos más básicos y a nuestras decisiones personales de salud”.

Creado en 1970 con apoyo bipartidista, el Título X es el único programa federal del país dedicado a proporcionar métodos anticonceptivos y otros servicios de cuidado de la salud sexual y reproductiva a precios económicos para personas con bajos ingresos. El programa costea servicios de cuidado de la salud esenciales como asesoramiento y métodos anticonceptivos, pruebas y tratamientos de ITS, exámenes de detección de cáncer de seno y de cuello uterino, cuidado antes del embarazo y más. 

En 2019, el gobierno Trump impuso una ley mordaza doméstica para prohibir a los proveedores del Título X referir a pacientes a servicios de aborto. En la práctica, esta ley negaba a las personas el acceso a información sobre dónde podían abortar, incluso cuando la solicitaban, obligando a los proveedores a ocultarle información a sus pacientes. Esta ley mordaza, peligrosa e innecesaria desde el punto de vista médico, obligó a muchos proveedores a abandonar el programa, incluyendo a filiales de Planned Parenthood que atendían a cerca del 40% de los casi 4 millones de pacientes del programa. Como resultado, la capacidad de pacientes de la red del Título X se redujo a la mitad, creando aún más obstáculos para un cuidado de la salud que esté al alcance de personas con bajos ingresos. 

El gobierno Biden, consciente del daño devastador causado por la ley mordaza, revocó dicha ley del gobierno Trump en octubre de 2021, permitiendo a muchos proveedores retornar el programa, e iniciando el proceso de reconstruir su red de pacientes. La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito se produce en un momento en que los ataques al Título X siguen aumentando, incluyendo el caso Deanda vs. Becerra y otros casos tanto en cortes estatales como federales que pretenden reducir el acceso de las personas cuidados de la salud sexual y reproductiva.

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Planned Parenthood Action Fund es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro formada como brazo político de Planned Parenthood Federation of America. El Fondo de Acción (Action Fund en inglés) se dedica a la educación, abogacía y actividades electorales limitadas, incluyendo grupos de bases, defensa legislativa y educación de votantes