Un caso llevado ante la Corte Suprema destaca el papel crítico que los derechos de acceso al aborto tendrán en las próximas elecciones de medio término

Los votantes buscan candidatos que defiendan su libertad reproductiva.

Las apuestas son especialmente altas en las carreras gubernamentales, ya que en muchos estados, los gobernadores representan la última línea de defensa de los derechos de acceso al aborto.

Washington, DC — Mañana, la Corte Suprema de los Estados Unidos oirá los argumentos orales del caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization (JWHO), un desafío a la prohibición del aborto a partir de las 15 semanas en Mississippi y que podría dejar sin efecto el derecho constitucional al aborto. El estado de Mississippi ha solicitado explícitamente a la Corte Suprema que use este caso para anular el fallo Roe vs. Wade que protege el derecho al aborto desde 1973. Si esto sucede, casi la mitad del país, incluidas 36 millones de mujeres en edad reproductiva y otras personas que se pueden embarazar en 26 estados, podrían perder el acceso al aborto, una realidad devastadora de la que hemos sido testigos en Texas en los últimos tres meses. Como se espera que la Corte Suprema emita su dictamen en el caso JWHO solo unos meses antes de las elecciones de noviembre 2022, los derechos de acceso al aborto tendrán un papel crítico en las elecciones de término medio.

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund:

“A medida que las prohibiciones y restricciones al aborto aumentan en todo el país, los derechos de acceso al aborto surgen como un tema clave en las próximas elecciones a lo largo de toda la boleta. No podemos perder ni un segundo: La incapacidad de la Corte Suprema de proteger el acceso al aborto en Texas y el que ahora esté a punto de escuchar un desafío a las prohibiciones al aborto en Mississippi le pone presión a los políticos para que actúen y escuchen a la gran mayoría de los estadounidenses que respaldan el aborto legal. La opinión pública está de nuestro lado y los candidatos que respaldan los derechos sexuales y reproductivos iniciarán su plan de ofensiva. En las urnas, el respaldo a los derechos reproductivos es un tema ganador, y las organizaciones políticas y de defensa de Planned Parenthood se ocuparán de que los votantes sepan en quiénes pueden confiar para que protejan su libertad reproductiva y sus derechos fundamentales”.

A pesar de que la prohibición del aborto y la revocación del fallo Roe es una estrategia política extremadamente impopular y que ahuyenta votos, a medida que nos acercamos a las elecciones de medio término, seguimos viendo candidatos en todo el país que están en contra de sus votantes:

Dean Heller (candidato a gobernador de Nevada): Cuando se le preguntó sobre el proyecto de ley sobre el aborto de Texas, Heller respondió “Me gustó lo que hizo Texas”, lo que indica que respaldaría una ley similar en Nevada.
James Craig (candidato a gobernador de Michigan): Dijo que si lo eligen, bloqueará cualquier intento de revertir la prohibición al aborto que está desde hace 90 años en Michigan, y que criminalizaba la realización de un aborto, y que podría volver a implementarse si la Corte Suprema revierte el fallo Roe.
Rebecca Kleefisch (candidata a gobernadora de Wisconsin): Dijo que firmaría un proyecto de ley que prohíba los abortos después de las seis semanas, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.
Gov. Doug Ducey (Arizona): Ducey firmó un informe amicus en apoyo a la prohibición al aborto en Mississippi y pidió a las cortes que utilicen ese caso para revertir Roe.

En claro contraste, los candidatos que respaldan los derechos reproductivos no han puesto excusas a su defensa. Muchos senadores respaldados por Planned Parenthood Action Fund que se presentan para su reelección han patrocinado la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres, una legislación federal de vital importancia que determina el derecho de brindar y recibir un aborto. A nivel estatal, varios candidatos a gobernador luchan orgullosamente en contra de los ataques sobre el aborto:

Gob. Steve Sisolak (Nevada): El día en que entró en efecto la prohibición al aborto en Texas escribió un tweet que decía “La prohibición casi total contra el aborto en Texas elimina los derechos de incontables personas. Estoy decepcionado, pero más comprometido que nunca con asegurarme de que esto nunca pase en Nevada. Siempre he luchado para proteger el derecho a decidir y como su gobernador, siempre seguiré haciéndolo”.
Gob. Gretchen Whitmer (Michigan): En septiembre, vetó una partida presupuestaria de más de $16 millones del presupuesto del estado que se habría aplicado a disposiciones antiaborto. También defiende que la legislatura del estado rechace una ley que el estado implementó hace varias décadas y que criminaliza el aborto.
Gob. Tony Evers (Wisconsin): La asamblea controlada por los Republicanos aprobó un paquete del proyectos de ley antiaborto, muchos de los cuales el gobernador Tony Evers vetó hace dos años y que, sin dudas, volverá a vetar.

Encuestas públicas:

Una encuesta de Gallup determinó que el 80% del público estadounidense cree que el aborto debe ser legal.
Una encuesta llevada a cabo por Marquette determinó que, por un margen de 30 puntos, los votantes están en contra de que se revierta el fallo Roe.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Washington Post y ABC:
- Los estadounidenses dicen, por un margen casi de 2 a 1, que la Corte Suprema debería respaldar el trascendental fallo sobre el aborto del caso Roe vs. Wade.
- El 75% dice que este tipo de decisiones deberían quedar en manos de la mujer y de su médico, incluido el 95% de los demócratas, el 81% de los independientes y el 53% de los republicanos.
- La protección del fallo Roe es una medida popular entre todas las ideologías políticas y los puntos de vista religiosos.

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Planned Parenthood Action Fund es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro formada como brazo político de Planned Parenthood Federation of America. El Fondo de Acción (Action Fund en inglés) se dedica a la educación, abogacía y actividades electorales, incluyendo grupos de bases, defensa legislativa y educación de votantes.