Planned Parenthood Action Fund responde a presupuesto para año fiscal 2005 de administración Biden-Harris

WASHINGTON D.C. — Ayer, la administración Biden-Harris publicó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025. El presupuesto reafirma el compromiso de la administración de abordar la crisis nacional de acceso al aborto y toma medidas clave para apoyar los programas nacionales y mundiales de planificación familiar. Aunque se necesitan urgentemente más fondos para apoyar plenamente la atención a la salud sexual y reproductiva en todo el país y en todo el mundo, este presupuesto es un fuerte indicador de las prioridades y propuestas de la administración:

• 390 millones de dólares para el Título X, el único programa federal de financiación de la planificación familiar dedicado a atender a las personas con bajos ingresos;
• 101 millones de dólares para el Teen Pregnancy Prevention Program;
• un total de 622.5 millones de dólares para programas internacionales de planificación familiar y salud reproductiva, incluyendo la contribución de Estados Unidos al UNFPA, la agencia de salud sexual y reproductiva de la ONU;
• un nuevo programa que proporcione financiación y apoyo comunitario global para prevenir nuevas infecciones del VIH mediante un mayor acceso a profilácticos preexposición (PrEP, por sus siglas en inglés) para las personas sin seguro médico y los beneficiarios de Medicaid; y
• eliminar la financiación del programa Sexual Risk Abstinence Education.

En coherencia con presupuestos anteriores presentados por la administración Biden-Harris, este presupuesto excluye la racista y discriminatoria Enmienda Hyde, que deniega desproporcionadamente la cobertura del aborto a comunidades negras, latinas, indígenas, LGBTQ+, inmigrantes y otras comunidades que ya enfrentan barreras para acceder a la atención médica y al progreso económico.

La falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es una crisis, en Estados Unidos y en comunidades de todo el mundo. El Congreso debe actuar con rapidez para aprobar proyectos de ley que no incluyan la Enmienda Hyde, la Enmienda Helms, la Enmienda Weldon ni ninguna otra restricción al acceso al aborto. Además, los proyectos de ley de gastos de este año deben poner fin de forma permanente a la ley mordaza mundial y aumentar significativamente las inversiones en programas que protejan y amplíen la atención y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva para todas las personas.

Declaración de Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood Action Fund:

“El presupuesto que propone el presidente Biden muestra un contraste marcado entre una administración que valora la libertad de controlar nuestros propios cuerpos y una mayoría en la Cámara de Representantes que lucha por despojar a las personas de esa libertad. El presupuesto de la administración Biden-Harris es una señal alentadora de su continuo apoyo a la atención de la salud sexual y reproductiva. Acogemos con satisfacción los aumentos tan necesarios al Título X y a los programas internacionales de planificación familiar, e instamos a la administración y al Congreso a que luchen por conseguir más para hacer frente al momento de esta crisis de salud pública. Con algunos o todos los abortos prohibidos en 21 estados y una serie de ataques en alza a servicios esenciales como la anticoncepción y la FIV, estos esfuerzos siguen siendo más urgentes que nunca.

“Seguiremos trabajando con la administración y los defensores de los derechos en el Congreso para garantizar que los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva estén plenamente financiados. Juntos podemos apoyar las necesidades de pacientes, proveedores y comunidades nacionales y mundiales durante esta crisis de atención médica, y también más adelante”.

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Planned Parenthood Action Fund es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro formada como el brazo político y de defensa de Planned Parenthood Federation of America. El Action Fund  se dedica a actividades educativas, de defensa y a actividades electorales limitadas, incluyendo la coordinación de organizaciones de base, la defensa legislativa y la educación de los votantes.